El anuncio presidencial incluyó medidas ya vigentes, promesas vagas y algunos giros que, de cumplirse, pueden ser positivos; omitió reformas clave largamente demoradas
El presidente Alberto Fernández reaccionó, al fin. Anunció algunas medidas para luchar contra los clanes criminales que asolan Rosario, disfrazó como nuevas otras iniciativas ya vigentes y prometió otras, más vagas. Poco, sí, y su discurso dejó en evidencia todo lo que podría –y debería– impulsar con urgencia, pero carece de poder para siquiera intentarlo.
Sigamos con lo positivo. Prometió enviar 600 cámaras de reconocimiento facial, el despliegue de “hasta” 1400 agentes federales, y el refuerzo de las tareas del servicio penitenciario dentro de las cárceles federales. Todas medidas en la buena dirección, aunque los funcionarios provinciales de Santa Fe y los municipales de Rosario se preguntan por estas horas cuándo llegarán esas cámaras y sacan cuentas sobre cuántos federales más llegarán a Rosario, realmente, para llegar a los 1400. ¿Y en cuanto a las cárceles? Sería bueno, replican, que los penitenciarios empiecen por dejar de entregar teléfonos a los presos por 30.000 pesos.
