La querella de la AMIA-DAIA pidió 4 años de prisión para Menem

168236w440

Fue en el alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del llamado “juicio por encubrimiento” en la causa por el atentado a la mutual judía.


La querella conjunta AMIA-DAIA reclamó hoy la condena a 4 años de prisión para el ex presidente Carlos Menem y a 3 para el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex juez federal Juan José Galeano, en el alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del llamado “juicio por encubrimiento” en la causa por el atentado a la mutual judía.

En cambio, desvinculó, como el caso del extitular de la DAIA, Rubén Beraja, o pidió la absolución a otros vinculados con el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, al sostener que esa suma no se pagó para desviar la causa, sino que “se le pagó para que diera información verídica”.

A Menem se lo consideró “autor del delito de abuso de  autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que  concurre formalmente con los delitos de encubrimiento por  favorecimiento personal y violación de medios de pruebas”, estos  últimos como instigador, por lo que se reclamó la pena de cuatro  años de prisión e inhabilitación especial por ocho años para  ejercer cargos públicos.

El abogado Gabriel Camiser consideró a Menem como “instigador”  en el desvío de la llamada “Pista Siria” para impedir la investigación del ciudadano de esa nacionalidad Jacinto Kanoore Edul, un allegado a la familia presidencial, mediante una llamada  telefónica al ex juez Galeano.

Precisamente, respecto a Galeano, lo acusó como autor de los  delitos de “encubrimiento por favorecimiento personal, abuso de  autoridad, violación de medios de prueba y prevaricato” y a  Anzorreguy como “partícipe necesario del delito de encubrimiento;  que, a su vez, concurre en forma ideal con los delitos de abuso  de autoridad y falsedad ideológica en carácter de autor”.

En la audiencia, el representante de la mutual judía explicó  que este proceso no aportó elementos de prueba para esclarecer el  atentado que mató a 86 personas en 1994 y por el que la entidad  judía responsabiliza a Irán.

“La pista siria no llevó a ningún lado. No obstante, había que  investigar a Kanoore Edul y no se lo hizo correctamente. Por la  omisión de investigar y las irregularidades cometidas, señalamos  la responsabilidad del poder político, el juez y la ex Side”,  explicaron desde la cuenta oficial de AMIA en Twitter.

Y agregaron que “los elementos que se han acumulado en este  juicio corroboraron que la voluntad de Carlos y Munir Menem fue  instrumentada obedientemente por el ex juez Galeano” y que “a  Kanoore Edul se lo siguió investigando, y nunca se demostró que  fuera una persona que tuviera que ver con el atentado contra la  AMIA”.

En este juicio se investigó el abandono deliberado de la  llamada pista siria pero, además, el pago de 400 mil dólares a  Carlos Telleldín (último tenedor de la Traffic), cuando involucró  a miembros de la Policía bonaerense en la autoría del atentado,  en el que no está acusado Menem pero sí Galeano; los ex fiscales  Eamon Mullen y José Barbaccia; Anzorreguy; y el ex titular de la  DAIA, Rubén Beraja, a quien se acusa de haber prestado apoyo para  la maniobra.

“Creemos que no corresponde que se castigue como un delito  este pago. No se le pagó para mentir o para culpar a sabiendas a  gente inocente. Se le pagó para que diera información verídica en  la causa”, indicó la entidad de la comunidad judía.

Y agregó que “el pago no torció la dirección de la  investigación, la verdad de los hechos”, ya que “siempre se  demostró que hubo una camioneta Traffic, que hubo una conexión  local que entregó esa Traffic a Hezbolá, y que con la  colaboración de Irán, cometieron el atentado en la AMIA”.

Respecto al resto de los acusados, la AMIA y la DAIA pidió  tres años de prisión para el subjefe de la SIDE Juan Carlos  Anchezar; el ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda; y el ex comisario Jorge Alberto Palacios.

En cambio, solicitó la absolución de Telleldín, Patricio  Miguel Finnen, Víctor Alejandro Stinfale y Ana María Boragni, por  el delito por el cual les fue requerido juicio, y confirmó  desvinculación del ex titular de la DAIA Rubén Beraja.

“Esta postura institucional no es de hoy, no es antojadiza, no  responde a ninguna coyuntura ni a ningún interés político, sino  que, por el contrario, es la postura que con coherencia, las  instituciones han venido manteniendo a los largo de los años.

Pues bien, señores jueces, las instituciones siempre se opusieron  a esa versión revisionista de esta historia según la cual toda la  causa AMIA fue un armado arquitectónico, y luego de más de dos  años de juicio oral, tenemos hoy la certeza de que esa  conspiración no existió”, indicó Camiser.

Agregó que hoy existen “líneas de investigación absolutamente  firmes y consolidadas con prueba judicial, avaladas por la  comunidad internacional a través de Interpol, que mantiene  vigentes los pertinentes pedidos de captura internacional”, a  pesar de lo cual “en la causa AMIA principal, sigue reinando la  impunidad”.

“Es necesario empezar a romper de una vez por todas con ese  círculo vicioso de impunidad, que lo único que hace es dilapidar  los logros de la investigación, sembrar confusión e instalar la  idea de que en la causa AMIA estamos a fojas cero, como se dijo  cuando se intentó justificar la firma del pacto con Irán”,  sostuvo.

Y pidió al tribunal que “no dude en dictar condenas cuando las  pruebas así lo exijan” pero que “tampoco dude en dictar  absoluciones para aquellos casos en los que el principio de  inocencia no ha sido derribado”.

Finalmente, Camiser instó a que pronto la Justicia fije la  fecha de inicio del juicio, que la Corte Suprema de Justicia  solicitó en 2009 para volver a juzgar a Telleldín.

   La pista siria en la OEA

El abogado defensor de Kanoore Edul, Juan Gabriel Labaké informó hoy que la Comisión interamericana de Derechos Humanos, “ofreció mediar” en el caso por las aucsaciones contra el ciudadano sirio,”luego de 12 años de intensos y prolongados trámites”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH decidió mediar, para alcanzar una solución amigable en la denuncia efectuada ante ese organismo regional por Alberto Jacinto Kanoore Edul, con mi patrocinio profesional”, indicó.

Según recordó Labake “Kanoore Edul presentó esa denuncia ante la CIDH el 6 de julio de 2006. En ella acusó al gobierno argentino de haberlo acusado falsamente de participar en el atentado a la AMIA, y haberlo hecho por presiones de EEUU e Israel”.

Por último, confirmó el letrado que “Kanoore Edul ha aceptado dicha mediación de la CIDH, y ahora quedamos a la espera de la respuesta del gobierno argentino”.



Categorías:Política

A %d blogueros les gusta esto: