Casas vetó la ley que adhería a la norma nacional de Catastro

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El gobernador no avaló la iniciativa de Andalor. Dicha norma había sido sancionada el 14 de diciembre de 2017


El gobernador Sergio Casas vetó totalmente una ley que adhería a la norma nacional de Catastro, al argumentar que “persiste el compromiso y la necesidad de instrumentar los mecanismos necesarios para actualizar dicha normativa conforme las premisas establecidas por la legislación nacional”.

La Legislatura sancionó el 14 de diciembre de 2017 la Ley 10.555 que adhería a lo estatuido a la Ley Nacional de Catastro 26.209. Dicha ley fue impulsada por Raúl Andalor.

En la norma además dejaba vigente toda iniciativa provincial que “no sea incompatible o se encuentra expresamente derogada”.

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Mediante el decreto 062 del 16 de diciembre, Casas vetó dicha ley. Allí explicó en los considerandos que “se solicitó la intervención de competencia de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social y de la Dirección General de Catastro; no respondiendo el primer organismo citado; en tanto la Dirección General de Catastro informa que el Artículo 18 de la Ley Nacional mencionada establece que la misma es complementaria del Código Civil (hoy Código Civil y Comercial de la Nación) por lo que la ley en cuestión estaría salvada”.

Al respecto apuntó que “atento el control de legalidad que compete al Órgano Asesor en el procedimiento de formación de las leyes que eleva la Función Legislativa, éste manifiesta mediante Informe de fecha 16 de febrero d el corriente año que teniendo
en cuenta las consideraciones formuladas por la Dirección General de Catastro, no procede la promulgación del texto legal sancionado. Ello es así, toda vez que del análisis de la cuestión planteada se advierte que la Ley Nacional de Catastro N° 26.209, a la que la provincia pretende adherir mediante la norma que en la instancia se considera, resulta complementaria del Código Civil conforme lo dispone su Artículo 18°, con un alcance normativo de aplicación a todo el territorio argentino, sin necesidad de adhesión alguna por parte de las jurisdicciones provinciales”.

En tal sentido, Casas dijo que “con el objeto de contemplar las problemáticas existentes en la diversidad territorial argentina, nace la citada normativa nacional, estableciendo un amplio marco normativo al que deberá ajustarse el funcionamiento de los catastros territoriales pertenecientes a las provincias argentinas, lo cual impone un proceso de integración, compatibilidad y adecuación de las legislaciones provinciales a este nuevo modelo de organización territorial propugnado por nación para el desarrollo del país”.

Explicó que “en este contexto, es que toman parte activa los catastros provinciales como actores principales proveedores de información geoespacial ordenada, constituyéndose así en un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales del país, en la base del sistema inmobiliario en los aspectos tributarios, de policía y ordenamiento administrativo del territorio. De allí que lo que exige la Ley N° 26.209 es una adecuación de las normativas catastrales que se acomoden a las nuevas pautas legales, y no la mera adhesión a una ley nacional que ya resulta aplicable por si misma a todas las jurisdicciones del país”.

Casas dijo que “en el caso de nuestra provincia, la vetusta normativa catastral está dada por la Ley Nº 3.778 que data de 1.978, modificada parcialmente por su similar Ley N° 10.054. No obstante la reciente modificación, que solo contempla una parte del gran espectro catastral, persiste el compromiso y la necesidad de instrumentar los mecanismos necesarios para actualizar dicha normativa conforme las premisas establecidas por la legislación nacional”.

 



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