Inquieta a provincias “puenteo” de Nación en planes de empleo

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Los gobiernos provinciales mantienen un reclamo con el Ministerio de Trabajo de la Nación con una queja de doble vía: el desfinanciamiento de programas de formación profesional y promoción del empleo para asignar mayores recursos a planes de asistencialismo; y el destrato a las oficinas de empleo locales para bajar fondos directamente a través de organizaciones sociales.

La polémica terminó de estallar hace un mes en el marco del Concejo Federal del Trabajo que se realizó en la misionera Posadas. Allí, según cinco provincias consultadas, la queja de los distritos fue casi unánime y terminó con un reconocimiento de funcionarios de la cartera que conduce Jorge Triaca, en especial del secretario de Empleo, Miguel Ponte, sobre la poca articulación con los gobiernos provinciales.

Sobre el primer punto, el argumento es que sobre una inversión proyectada de $6.000 millones, este año alrededor de un 40% de ese presupuesto terminará en programas de asistencia social, cuando deberían por la Ley 24.013 destinarse a iniciativas que fomenten la creación de empleo y la capacitación laboral. Estos montos no contemplan los que destina el Ministerio de Desarrollo Social, más generosos aún, ya que en los últimos dos años se han quintuplicado las altas de beneficiarios de Argentina Trabaja o Ellas Hacen.

Así, la gastada metáfora del regalo de pescados y el paciente arte de la enseñanza de la pesca, que a priori sentaría mejor en boca de Cambiemos, parece estar jugando en contra del gobierno nacional. Desde una provincia norteña dijeron a Ámbito Financiero: “Si se criticaba al gobierno anterior de ser planero, este ya ha triplicado el número y se encamina a seguir en la misma línea de contención social, reasignando fondos que deberían ser destinados a otras funciones”. Más al centro del país, agregaron: “Un tema preocupante en las provincias es la falta de respuestas a la población juvenil, donde el desempleo triplica al total, y quienes ingresan a programas no cuentan con prestaciones permanentes, como cursos o emprendimientos, que debe garantizar el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por lo tanto, quedan afuera de poder mejorar sus competencias en la búsqueda laboral, con las consecuencias sociales que implica la exclusión”.

En el marco de Trabajo, de 541 mil beneficiarios, 140 mil fueron de organizaciones sociales, además de unas 200 mil personas con acciones de sostenimiento del empleo (el más importante, el programa Repro, contiene a unas 60 mil personas). Las planillas también muestran que las transferencias directas a organizaciones sociales pasaron de $120 millones en 2015 a $900 millones en 2017.

El conflicto que se asomó en Misiones se gestó con un acta firmada durante la Jornada Regional de Políticas de Empleo del NOA por La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Allí pidieron al ministro Triaca por nueve puntos concretos, entre ellos disponer de vacantes para líneas como Construir Empleo o Trabajo Autogestionado, ya que “las personas que se asignan a dichos programas son propuestos por organizaciones sociales”, dice el texto.

“Los gobiernos provinciales somos convidados de piedra en la distribución de programas de empleo. Hasta el año pasado firmábamos convenios y protocolos otorgando cierta cantidad de cupos en programas de inserción laboral privados. Nos permitía dar soluciones a empresas que querían capacitar y formar trabajadores. Este año no hemos tenido esa posibilidad”, consignaron desde otro distrito de signo peronista.

En ese plano, las provincias reclaman participación, y dicen que se está incumpliendo con los derechos y obligaciones establecidos por la Ley Nacional de Empleo. Desde un distrito que no es Cambiemos ni PJ, confirmaron el pedido. “Planteamos que hay que coordinar esfuerzos, y eso no se está haciendo. Los programas los maneja directamente Nación también a través de reparticiones en los municipios. No se está trabajando en conjunto”, manifestaron.

El acta del NOA va en ese sentido, y otros puntos pide el “cumplimento estricto de los convenios marco firmados entre los gobernadores de las respectivas provincias con el ministro de Trabajo para la elaboración conjunta y coordinada de los planes operativos”. Asimismo, solicitan que, de no requerir la intervención de las provincias, un documento exprese los roles de las secretarías de empleo locales.

Un funcionario provincial, en diálogo con este diario, explicó que “una mayor participación reflejaría las particularidades y demandas regionales, que hoy son definidas en su totalidad desde el nivel central”. Y concluyó: “Lo concreto es que las provincias no están siendo participadas y los desocupados buscan soluciones en las organizaciones sociales que cuentan con cupos otorgados por Nación en acuerdos que se van renovando de manera permanente”.



Categorías:Economía

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