El Gobierno tiene en revisión obras de energía por $ 100.000 millones

Un año y medio después del cambio de mando, el gobierno de Mauricio Macri tiene en revisión proyectos de infraestructura energética heredados del kirchnerismo por más de $ 100.000 millones, según datos de la Jefatura de Gabinete. Son obras en las que la gestión actual, a cargo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, encontró irregularidades de distinta índole.

Las obras, lanzadas en su momento por el Ministerio de Planificación, que conducía Julio De Vido, presentan denuncias de sobreprecios, costos exageradamente altos, incumplimientos con el marco legal, deficiencias burocráticas y falta de criterios técnicos, entre otras falencias.

Las centrales patagónicas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic están al tope de esa lista. Si bien Mauricio Macri dudó originalmente de seguir adelante con el proyecto, decidió continuar tras escuchar las sugerencias del ministro Aranguren y de la ex canciller Susana Malcorra, que temía que su cancelación entorpeciera las relaciones con China (las centrales se harán con financiamiento asiático).

Más allá de eso, la obra fue replanteada y el Gobierno la terminará, pero está en el último tramo de revisión, que culminará con una audiencia pública para resolver los cuestionamientos ambientales, entre otros. El presupuesto actual ronda los US$ 4700 millones. Según un documento oficial que vio LA NACION, tiene un grado de avance del 10,8% y se redujo en US$ 1400 millones el presupuesto del proyecto que había sido aprobado por el kirchnerismo.

También en Santa Cruz está el segundo entre los grandes proyectos dilatados tras el cambio de gobierno. Se trata de la central eléctrica a carbón Río Turbio, por la que hasta ahora se pagaron US$ 1600 millones, aunque aún no está terminada. En la práctica, ése es el número que ya desembolsó el Estado durante la administración kirchnerista, pero la constructora española Isolux Corsán pedía una suma millonaria adicional para terminar la usina.

Desde hace meses los funcionarios de Energía discuten con la empresa -que cambió toda su cúpula en medio de denuncias por presuntos “comportamientos irregulares”- los números finales del proyecto, que debería ponerse en marcha este año, al menos parcialmente. Un documento al que accedió LA NACION sostiene que la gestión actual redujo el costo de la obra en US$ 550 millones con respecto al reclamo de la compañía, cuyo monto no se precisó.

En diciembre pasado, la estatal Enarsa dio de baja los contratos que tenía con Iecsa -la compañía de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, que este año se la vendió a Pampa Energía- para finalizar las centrales eléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán por $ 5600 millones, según el dato anunciado por la administración anterior. El Gobierno prevé relicitar las obras faltantes, por lo que la iniciativa también tuvo demoras.

La ampliación y extensión de la central nuclear Embalse Río Tercero y obras en siete centrales térmicas forman parte de la misma lista en revisión. Aunque con números más chicos, pero que también implican fondos públicos millonarios, hay decenas de obras de transporte y distribución de gas, uno de los sectores donde están las mayores sospechas de corrupción, en el marco del plan Más Cerca, que estaba entre las cajas que manejó De Vido.

El caso Santa Cruz

En muchos casos están en revisión porque se detectaron sobreprecios, en especial en la provincia de Santa Cruz. Allí, por caso, estaba previsto construir un gasoducto de $ 3,44 millones que debía recibir la gobernación para alimentar las localidades de Pico Truncado, Koluel Kaike, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos, pero la administración actual lo anuló por esa clase de denuncias.

En total, en el marco del plan Más Cerca hay 12 proyectos que han sido o están siendo evaluados, de los cuales cuatro están parados en proceso de revisión de precios y tres, en proceso de elaboración de informes que indican costos más altos que lo estimado como razonable.

El refuerzo de un ramal de un gasoducto y de la red de gas en Puerto Santa Cruz por $ 30,9 millones, que debía hacer Servicios Públicos Sociedad del Estado, una empresa provincial, está en revisión porque se detectaron costos excesivamente altos, al igual que en otra obra de $ 5 millones en San Benito, en la misma provincia. También en el marco del plan Más Cerca hay varias obras paradas o inconclusas en las provincias de Santa Fe, Tierra del Fuego, Jujuy, Buenos Aires, Tucumán y La Rioja.

En materia de transporte y distribución eléctrica, las obras bajo observación alcanzan los $ 1841 millones. Incluyen desembolsos en redes eléctricas y transformadores en al menos 13 provincias.

También están en revisión el Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA), una de las obras emblemáticas lanzadas por el kirchnerismo, que según el último número del Gobierno recibió una inversión de $ 19.352 millones y tiene un avance físico del 73%. Enarsa rescindió semanas atrás el contrato con la constructora Vertua y estima culminar la obra a fines del año próximo, aunque no se utilizará al principio para el transporte de gas porque Bolivia no tiene el volumen suficiente del fluido para aumentar la exportación a la Argentina.

Hasta que eso ocurra, se tratará de un sinsentido económico. La Sigen está haciendo una revisión integral del proyecto.

Enarsa, que se alimenta de fondos públicos y es la segunda entre las mayores compañías estatales beneficiadas con subsidios, tiene otros proyectos con problemas. En el partido bonaerense de La Matanza, invirtió $ 107 millones en el Centro Ambiental de Recomposición Energética, pero la obra está paralizada y hay un juicio con el contratista.

Algo similar ocurrió con la planta de inyección de propano aire en Esteban Echeverría, una solución pensada para atender la demanda de gas en los días más duros de la crisis energética. Allí se pusieron $ 83 millones, pero está fuera de servicio por problemas técnicos desde 2014. Enarsa está en litigio con la constructora.

En Neuquén, la empresa puso otros $ 107 millones para una planta de envasado de garrafas. La obra está sin finalizar “por vicios en la construcción y problemas en la escrituración de los terrenos” en donde se encuentra la planta. Mientras mantiene el juicio con el constructor, el Estado puso en venta las instalaciones.



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