La Corte Suprema convocó a las provincias por el Fondo del Conurbano, tras el reclamo de más recursos de María Eugenia Vidal


La Corte Suprema de Justicia convocó a 22 provincias para que tomen intervención y puedan plantear su posición frente al reclamo presentado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para que se elimine el tope de 650 millones de pesos anuales de los fondos coparticipables que se envían a Buenos Aires.

En una decisión firmada por los cinco jueces -Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- el máximo tribunal citó a las autoridades de los distritos para que expresen los eventuales “derechos que puedan ser afectados” en caso de modificarse la distribución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

La demanda había sido iniciada por la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, con aval de Macri. La administración central hizo una presentación que precisó los alcances del sistema de copartipación vigente y las afectaciones que podrían existir en caso de que se altere el tope vigente que rige para lo que recibe el distrito bonaerense.

Los gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición, ya plantearon de manera pública y de manera informal que cualquier cambio no debería implicar una reducción en los fondos que regularmente reciben. “No hay que desvestir a un santo para vestir a otro”, es el argumento que recibieron en la Casa Rosada frente al planteo.

La vía judicial fue elegida por Vidal debido a la imposibilidad política de que se convoque un acuerdo general de reordenamiento de la coparticipación, pese a que hay una ley que ordena que se sancione una nueva legislación. Esa normativa no solo debería ser aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores sino que también debería ser refrendada por cada legislatura local. Imposible en un año de campaña.

En términos jurídicos, la provincia de Buenos Aires promovió la demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener que se declare la “inconstitucionalidad” de la ley que estableció el tope de $ 650 millones de pesos anuales, que tenía por destino originariamente el llamado “Fondo del Conurbano Bonaerense”, hoy unidad ejecutora de la cuenta especial Reconstrucción del Gran Buenos Aires. También se pidió la invalidación de una serie de artículos que excluyen a Buenos Aires del reparto entre los distritos de otros fondos que recauda el gobierno.



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